Santo Domingo.-
El procurador adjunto Wilson Camacho consideró como una “victoria contundente para el Ministerio Público” la decisión del tribunal de aceptar más de 3,200 pruebas presentadas por los fiscales y de enviar a juicio a los acusados de formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada en las operaciones Coral y Coral 5G.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso que el mayor general policial Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), junto con los demás implicados en la red de corrupción, sean sometidos a juicio.
“El tribunal rechazó todas las objeciones presentadas por las defensas y envió a juicio a todos los acusados presentados por el Ministerio Público. Aceptó en su totalidad la calificación legal presentada por el Ministerio Público con relación a estos hechos, y además aceptó aproximadamente el 99,99 por ciento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, dijo Camacho al responder a las preguntas de los periodistas a su salida del tribunal.
“Hasta el momento, el 100 por ciento de los acusados por el Ministerio Público ha sido enviado a juicio en cada caso en el que hemos comparecido a una audiencia preliminar”, agregó, destacando la fortaleza de los procesos llevados a cabo por el Ministerio Público.
“En este caso, tres empresas no fueron representadas y el tribunal fijará una nueva fecha para celebrar la audiencia preliminar. Sin embargo, todos los demás han sido enviados a juicio”, señaló.
“La forma más sencilla de evaluar un proceso en cualquier caso son las pruebas. Hemos dicho que nuestros casos están sólidamente fundamentados, y en este caso hemos vuelto a demostrarlo al presentar más de 3,200 pruebas que el tribunal ha aceptado”, enfatizó.
La decisión fue tomada por la jueza Yanibet Rivas Méndez durante una audiencia que duró aproximadamente seis horas, en la que se analizaron las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público para dictar la sentencia que afecta a las 29 personas físicas acusadas en el proceso.
La magistrada también decidió abrir juicio contra 15 de las personas jurídicas implicadas en esta acusación, dejando pendiente la audiencia preliminar para S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L., Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
En el proceso judicial, el Ministerio Público fue representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz. Además, los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Melbin Romero, Marinel Brea, Arolin Lemos y Miguel Collado también estuvieron presentes.
Junto a Cáceres Silvestre y Torres Robiu, también fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, José Rosario Pirón, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y Raymel Del Rosario Viola.
Asimismo, las personas jurídicas Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera, S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial también enfrentarán juicio.
El tribunal reconoció el derecho del Ministerio Público a nombrar sus operaciones contra las redes de corrupción administrativa y, por lo tanto, rechazó el recurso de oposición presentado por algunas de las defensas.
La lectura completa de la sentencia fue programada para el 21 de agosto a las 10:00 am. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público solicitó el envío a juicio de los acusados. El pasado 26 de junio, el tribunal fijó la lectura de la sentencia para el lunes 10 de julio.
En el proceso, los acusados recibieron diferentes medidas cautelares, incluida la prisión preventiva por 18 meses, después de que el Ministerio Público demostrara su implicación en los actos de corrupción, logrando que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este caso contra 48 personas, 30 individuos y 18 empresas, acusados de defraudar al Estado dominicano por más de 4,000 millones de pesos.
Los implicados en la trama de corrupción operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos presentados contra ellos incluyen asociación de malhechores, fraude contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros delitos.
